Luego de empezar con el pie izquierdo su relación con las miles de familias que están buscando a sus desaparecidos en Jalisco, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro tiene la oportunidad de enmendarse abriéndose genuina y francamente al diálogo con los colectivos organizados de familias que tienen un hijo ausente.Luego de que presentó al Congreso del Estado (a través de diputados de MC) una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), los colectivos de familiares criticaron y cuestionaron que no fueron consultados antes de que se redactara dicha reforma y que no fueron tomados en cuenta para preguntarles sobre la creación de la SIBP. Ante este yerro, el gobernador electo anunció que escucharía y se reuniría con los colectivos. Este miércoles se tuvo el primer encuentro del equipo de Pablo Lemus con representantes de seis colectivos de familiares que generosamente aceptaron reunirse con funcionarios del próximo gabinete. Aún hay otros colectivos que no están de acuerdo con estas convocatorias, pero Pablo Lemus y su equipo pueden enmendarse si se abren a un diálogo franco y honesto con ellos.Pero además, el gobernador electo y su equipo deben tomar en cuenta el análisis y las recomendaciones que presentó públicamente el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, el pasado 31 de octubre. En su análisis de la propuesta del gobernador electo para crear la nueva secretaría de búsqueda, el Consejo Ciudadano recuerda que esta iniciativa ocurre en el contexto de que Jalisco atraviesa una “crisis de desapariciones sin precedentes a nivel nacional”, por lo que es importante mejorar las políticas para detener esta crisis.En su análisis, el Consejo Ciudadano externó “preocupaciones críticas en relación con la independencia operativa de las instituciones forenses, la exclusión de familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas en el diseño de la Secretaría, y la falta de claridad en la vinculación de otras instituciones clave, como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)”. Señala que estas omisiones limitan la efectividad de la nueva secretaría y vulneran el derecho a la verdad y la justicia de las familias afectadas.Al entrar al análisis de las funciones que el decreto aprobado concede a la nueva secretaría, el Consejo Ciudadano cuestiona que ésta “desvía el enfoque de la misión principal que debería tener la SIBP en un contexto de crisis de desapariciones: encontrar a las personas desaparecidas” y enfatiza el objetivo de la investigación y persecución criminal, antes que las búsquedas en vida. El documento del Consejo Ciudadano ofrece un rico análisis de los posibles riesgos de operación de la futura SIBP si no se aclaran cuestiones como confusión y conflicto de rol entre dependencias de seguridad y de búsqueda y de preservar la autonomía del IJCF.Al final plantea ocho recomendaciones que deben ser atendidas por el gobierno que encabezará Pablo Lemus, si de verdad se pretende mejorar la política en contra de las desapariciones. 1) asegurar la participación activa de familiares de personas desaparecidas y de especialistas en derechos humanos; 2) reestructurar las competencias de la Secretaría para priorizar la búsqueda de personas y no la seguridad pública; 3) garantizar la independencia operativa del IJCF. 4) eliminar la duplicidad de funciones en el Comité Coordinador y reforzar su autonomía; 5) establecer protocolos claros de transparencia y rendición de cuentas; 6) alinear las estrategias de reparación integral y garantías de no repetición con estándares internacionales; 7) aplicar estándares internacionales en la recolección y análisis de evidencia forense; y 8) garantizar la independencia de los mecanismos de búsqueda de personas.Estas recomendaciones no solo son pertinentes, sino que también son de observancia obligatoria para las autoridades de acuerdo al Título Quinto de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. La recomendación más importante que plantea el pronunciamiento del Consejo Ciudadano es que “es fundamental que esta Secretaría sea rediseñada con una orientación clara en derechos humanos, seguridad humana y transparencia, garantizando la participación de las familias y la rendición de cuentas en todas sus actividades”. Veremos si el próximo gobierno se enmienda con las familias organizadas o estos diálogos terminan en mera simulación.rubenmartinmartin@gmail.com
