El año pasado hice 107 solicitudes de transparencia que sustentan investigaciones sobre maltrato animal, asesinatos de policías, drones decomisados por el Ejército, feminicidios, deudores alimentarios, robos de bicicletas MiBici, etc. Este año llevo 83.Esta columna se publica en parte gracias a esa información.Por eso imaginen mi angustia cuando el Presidente anunció la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) junto con otros seis organismos autónomos.La reforma constitucional se replica en el ámbito estatal, por lo que desaparecerá también el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI).El dictamen recién aprobado en Comisiones de la Cámara de Diputados será una realidad en la próxima Legislatura con la mayoría morenista.Leí la iniciativa. Me sorprendió por escueta: elimina al INAI en unos cuantos párrafos que cabrían en esta columna.El argumento es el mismo para desaparecer todos los organismos autónomos: su costo oneroso y una burocracia dorada llena de privilegios. El INAI cuesta mil 097 mdp al año con una plantilla de 800 funcionarios. Nuestro ITEI cuesta 61 mdp.La iniciativa señala que “la tutela del derecho al acceso a la información y la protección de datos, así como la política de transparencia” se trasladan a la Secretaría de la Función Pública, a los órganos de control y a las contralorías respectivas “cuando corresponda”.De los partidos políticos se encargará el INE y de los sindicatos el centro de conciliación laboral. De los datos personales se hará cargo “el Ejecutivo Federal” (no da más detalles).Nótese que la propuesta desaparece el INAI, no el derecho a la información.Sin embargo, veo un problema. ¿Qué garantías hay para que las dependencias cumplan con el derecho a la información y la transparencia cuando son juez y parte?El INAI es una especie de intermediario. Uno hace su solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia, le llega a un funcionario de la dependencia aludida que funge como enlace, éste recaba la información y responde.Significa que la información depende de los entes de gobierno. El INAI o el ITEI no son la “transparencia”, solo vigilan que eso se cumpla como un tercero imparcial.La clave de este debate radica en la legislación secundaria que, según la iniciativa, el Congreso de la Unión deberá redactar en máximo 90 días, una vez publicado el decreto de reforma constitucional.Ahí está el detalle, chatos.¿Cómo creamos mecanismos para que las dependencias, una vez desaparecido el INAI, cumplan con la transparencia? La batalla está en la letra chiquita de las normas secundarias.También me preocupa la desaparición de la Plataforma Nacional de Transparencia. Es un repositorio de información valioso para periodistas, académicos, dateros y activistas.La reforma al texto constitucional indica que tanto los recursos humanos como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos “pasan a las dependencias correspondientes”. Tengo la esperanza de que se mantendrán las buenas prácticas y sobrevivirá este instrumento.(Solo me pregunto, ¿cómo se generarán ahorros si el personal simplemente se transfiere a los nuevos entes responsables de la transparencia? Misterio).La desaparición del INAI presenta el mayor reto porque la reforma se basa en la premisa de que las atribuciones de los organismos autónomos extintos “regresan” a las distintas dependencias. Pero el derecho a la información y la transparencia nacieron en 2002 con el IFAI, un organismo descentralizado. No hay nada qué “regresar” sino todo para “entregar”.Ojalá que en verdad sea, como dice el comercial, lo mismo pero más barato.
