La desaparición de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA’s), entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), y la extinción que vendrá en tres meses del ITEI, órgano local que era el garante de estos mismos derechos, por la armonización que se hizo en días pasados en el Congreso local con la reforma federal, es, por donde se le vea, un grave retroceso en la lucha que por años se dio contra la opacidad de los gobiernos en México.Hace siete meses, la aplanadora legislativa de morenistas y aliados en la Cámara de Diputados decidió poner fin a casi 25 años de vida que, con distintos nombres, tuvo este OCA, que tuvo momentos estelares en sus primeros años, pero que, ciertamente, se fue degradando hasta convertirse en una agencia de colocaciones de la clase política y gubernamental, que lo capturó.A nivel local, en el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI), pasó algo similar. Prueba de ello fue que, en la administración pasada, se cuadruplicaron las inconformidades ciudadanas por la negativa de los sujetos obligados, principalmente del Gobierno estatal y sus dependencias, a responder las solicitudes de información. En sus primeros años, en el ITEI procesaban con agilidad los recursos de revisión de los usuarios de este derecho, para obligar a los funcionarios a dar la información que les requerían, pero eso se fue perdiendo, por la infiltración de personajes cercanos al poder, que lejos de atender las quejas ciudadanas cuidaban los intereses de sus padrinos políticos que los colocaron ahí.Las cifras presentadas ayer por EL INFORMADOR son contundentes: de 2 mil 612 quejas que hubo en 2018, último año del sexenio del finado Jorge Aristóteles Sandoval, se pasó, en el Gobierno de Enrique Alfaro, tan solo en 2023, a 11 mil 63 inconformidades.Esa tendencia vuelve a demostrar cómo políticos y gobernantes siempre vieron incómodos a los órganos constitucionales autónomos que velaban por el derecho a la información, y buscaron por todos los medios neutralizarlos y luego desaparecerlos, por sus resistencias a la transparencia y su visión patrimonialista de los datos que son públicos.Si bien había excesos en el INAI y en el ITEI, la solución no era desaparecerlos, sino corregirlos, manteniendo su carácter autónomo al poder.Ahora que se perdió esa cualidad, el reto y a la vez el dilema es si podremos alcanzar estándares de transparencia aceptables en oficinas que serán parte de los propios Gobiernos, que volverán a ser juez y parte.Tanto a nivel federal como a nivel estatal (ayer el gobernador Pablo Lemus propuso una iniciativa que garantice una dependencia ciudadana en materia de transparencia, aún dentro de la Contraloría estatal), aseguran que, pese a la falta de autonomía, el derecho al acceso a la información pública no se perderá, pero las inercias del poder a buscar la opacidad hacen difícil creerlo.
