La pandemia del COVID fue una gran convulsión mundial y hoy todavía vivimos en sus consecuencias económicas, culturales y sociales.Aunque el nivel de letalidad del virus era, al menos al principio, desconocido, muchas naciones lograron salvaguardar la salud de sus ciudadanos realizando, de la mejor manera posible, las políticas de protección más razonables.Lamentablemente, América Latina fue una de las regiones donde la pandemia causó más estragos, lo que desnudó la gran crisis por la que atraviesan los sistemas de salud en nuestras naciones.México no fue la excepción. Desde el principio se tomaron malas decisiones, muchas de las cuales aún hay que poner en perspectiva. En general, parece muy criticable que el Gobierno federal no haya gastado más recursos, no sólo en la salud de los mexicanos durante la pandemia, sino en aliviar los estragos económicos para empresas y personas, así como en haber paliado las consecuencias en la educación de niños y jóvenes.Otra de las malas decisiones fue la de haber impedido que en la distribución y aplicación de vacunas también participara el sector privado. En efecto, desde que comenzara la gran crisis de la pandemia a principios del 2020 y hasta apenas hace un par de días, hubo un monopolio del Estado en la política de aplicación de vacunas, que seguramente han costado miles de vidas humanas.En esto tuvo mucha influencia el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien actuó menos guiado por razones técnicas y más estimulado por seguir fórmulas ideológicas que asumían la iniquidad fundamental del sector privado. Nada menos alejado de la realidad. La iniciativa privada debe verse siempre como una instancia complementaria a la acción de los gobiernos. Desde el colapso de la Unión Soviética sabemos que se hace mal en pretender abolir los mercados y las acciones de la libre empresa. Aunque tarde para muchos destinos y vidas humanas, es de celebrarse que, finalmente, el pasado 20 de diciembre, haya iniciado la distribución privada de vacunas contra el COVID. A partir de esa fecha, hospitales, clínicas, sanatorios, así como farmacias privadas con consultorios ya pueden prescribir y aplicar vacunas contra ese virus letal.Desgraciadamente, como se ha comentado en otros espacios, la disponibilidad de estas vacunas que distribuirá la iniciativa privada no estará al alcance de todos los mexicanos. Quienes no puedan adquirir, por razones económicas, las vacunas que ya son capaces de contrarrestar las últimas variantes del COVID, sólo tendrán acceso a las que distribuirá el Estado, como la cubana, Abdalá o la rusa, Sputnik, que no están habilitadas para ello. Esto no debería de ser así. El Estado mexicano está creando una situación donde hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Lo que debe hacerse sin demora es que el Gobierno encuentre la manera de dotar a todos los mexicanos, en cada rincón del país, de las mejores vacunas disponibles a nivel global. Nadie merece que la salud pública sea vista por el Gobierno con criterios ideológicos y ello demerite la calidad y esperanza de vida de todos y de cualquier mexicano.
