Ante el riesgo de que pueda ocurrir un nuevo deslave en San Gabriel, como el ocurrido en junio de 2019 que dejó un total de cinco personas fallecidas y una más desaparecida, las autoridades estatales presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “contra quien resulte responsable”.Lo anterior, explicaron el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf, luego de que se identificara un desmonte de aproximadamente 80 hectáreas de selva seca en San Gabriel, en la zona de la cuenca del Río Salsipuedes, el cual trajo consigo la desgracia del 2019.Según explicó Graf, luego de un análisis de imágenes de satélite se identificó que fueron aproximadamente seis mil metros cúbicos de material vegetal los removidos con maquinaria, y como esta vegetación no tiene fines comerciales, “lo más seguro es que haya sido depositada en las cañadas cercanas”, convirtiéndose así en un riesgo para la población, tanto por la llegada de la época de incendios, como ante alguna lluvia en la zona alta que pudiera provocar un nuevo deslave.“El riesgo es que, aunque no llueva en San Gabriel, si viene un desplazamiento de agua por alguna lluvia excepcional en la parte alta, puede derivar en el desbordamiento de los ríos en la parte baja”, expresó el secretario.La anomalía, dijo Graf Montero, se detectó en trabajo de campo hace aproximadamente 15 días y se presume que ocurrió días previos, aunque no se sabe exactamente cuándo porque quienes realizaron la remoción no dejaron siquiera los tocones, es decir, el material no fue talado, sino retirado desde la profundidad. Hasta el momento también se desconoce qué quieran plantar ahí quienes llevaron a cabo estas acciones.Hasta el momento, señaló, no se sabe quiénes son las personas propietarias del terreno en donde se detectó la anomalía, pues “en los poblados no se cuenta con un registro actualizado de propiedades”.Con esta denuncia y al ser responsabilidad federal, añadieron Graf e Ibarra, se espera que se tomen las medidas necesarias para que la autoridad federal investigue y se hagan las diligencias pertinentes, como clausuras y peticiones para resarcir el daño, además de que se mitiguen las afectaciones.Otra denuncia similar ya había sido presentada en 2019. En ese entonces estuvo relacionada con el cambio de uso de suelo ilegal en bosques de Jalisco entre 2011 y 2017 por cultivos de aguacate, pero, añadió el secretario del Medio Ambiente, no se les ha informado sobre avances de la misma.De acuerdo a lo establecido con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la sanción por el cambio de uso de suelo, sin contar con la autorización correspondiente, puede alcanzar una multa por el equivalente de 100 hasta 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, entre nueve mil 622 y 1.9 millones de pesos, además del pago de la reparación del daño.Además, la legislación contempla penas “de entre seis meses a nueve años de prisión a quien desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal”.GC
