Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cruzó la frontera para entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, reportan medios locales este viernes 29 de mayo del 2026. El exmando policial enfrenta graves acusaciones por parte del Departamento de Justicia, que lo señala como una pieza clave en la red de protección institucional que permitió operar con impunidad a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Esta decisión sacude las estructuras de seguridad mexicanas y acelera el proceso judicial que Washington mantiene contra diversos exfuncionarios estatales, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico.Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York documentaron que Almanza Avilés, identificado en las nóminas criminales bajo la clave "R1", presuntamente cobraba sobornos mensuales de 300 mil pesos por parte de “Los Chapitos”. A cambio de este pago sistemático, el exjefe policial garantizaba el libre tránsito de precursores químicos destinados a la fabricación de fentanilo en los laboratorios clandestinos ubicados en Culiacán y sus alrededores. Además, los reportes de inteligencia indican que utilizaba su posición de poder para emitir órdenes de aprehensión contra rivales del cártel y liberar a sicarios que caían detenidos por otras corporaciones de seguridad}.La entrega ocurrió durante la última semana de mayo de 2026, apenas días después de que otros dos exfuncionarios sinaloenses tomaran la misma decisión ante la incesante presión de las agencias federales estadounidenses. Almanza Avilés viajó hacia territorio estadounidense para ponerse a disposición de los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quienes lideran la investigación conjunta con los fiscales neoyorquinos. Actualmente, el exfuncionario aguarda su primera comparecencia ante un juez federal para escuchar formalmente los cargos en su contra y definir su estrategia legal.La caída de Almanza Avilés representa un golpe directo a la credibilidad de las instituciones de procuración de justicia en Sinaloa. Durante su gestión, que abarcó desde 2017 hasta su jubilación a finales de 2022, alcanzó el rango de Comisario General y controló las operaciones tácticas de la policía investigadora en todo el estado.Los documentos judiciales revelan que el acuerdo de corrupción se pactó inicialmente durante una reunión clandestina celebrada entre 2017 y 2018 en un rancho propiedad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, lo que demuestra el nivel de infiltración del crimen organizado en las altas esferas del gobierno. Más allá de proteger a la organización criminal dominante, Almanza Avilés presuntamente operaba un esquema de extorsión contra grupos rivales que intentaban establecerse en la región. La acusación detalla que, hasta el año 2020, el exmando policial cobraba "cuotas" obligatorias a laboratorios de metanfetamina independientes. Esta estrategia cumplía un doble propósito: enriquecer los bolsillos de los funcionarios corruptos y encarecer los costos operativos de los competidores de Los Chapitos, consolidando así el monopolio absoluto del cártel en el noroeste del país. El gobierno de Estados Unidos preparó un expediente sumamente robusto contra el exjefe policial, basado en testimonios de testigos cooperantes y evidencia documental incautada. Almanza Avilés enfrenta cargos formales por conspiración para la importación de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Adicionalmente, los fiscales le imputan delitos graves por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados directamente al tráfico de drogas. De ser hallado culpable, las leyes estadounidenses contemplan penas severas y la incautación de todos sus bienes y ganancias derivadas de estas actividades ilícitas.Marco Almanza es el tercer exfuncionario sinaloense en entregarse recientemente a las autoridades de EU tras los casos de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, sumándose a una lista de mandos de seguridad y figuras políticas investigadas por la corte federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos de corrupción con el Cártel de Sinaloa.JM