El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, lo dijo sin diplomacia alguna: López Obrador deja hacer a los cárteles para no distraerse de su agenda. Nosotros no masacramos como lo hace Estados Unidos, respondió el presidente para sacarse el golpe, pero la pregunta de fondo sigue ahí: ¿cuál es la política del gobierno frente al crimen organizado?La llamada “Guerra al narco” de Felipe Calderón fue un fracaso operativo, pues lejos de reducir la violencia la incrementó, pero sobre todo fue un fracaso político: nunca fueron capaces de explicar la estrategia y la derrota se convirtió en la marca de la casa. Fue tan fuerte la embestida y tan altos los daños colaterales de la guerra que hablar de combate al crimen organizado se volvió un tabú para los políticos y posicionarse en contra de la lucha frontal al narco un activo político: con ese discurso ganaron Peña Nieto en 2012 y López Obrador en 2018. A partir del fracaso de la “Guerra al narco” calderonista está muy claro qué es lo que no queremos, pero las consecuencias de que la respuesta a una política fallida haya sido una ausencia de política de seguridad del Estado mexicano la estamos viendo y viviendo día a día en todo el territorio. Sí, es cierto, con la política de combate frontal de Calderón el índice de muertes violentas por cien mil habitantes pasó de 13 a 23, pero sin ella en el periodo de Peña subió a 29 y ahí seguimos desde hace tres años. Es decir, la ausencia de una política de confrontación directa al crimen organizado no se traduce automáticamente en una menor violencia, al contrario.Lo que ha pasado en los últimos quince años es que en los hechos el Estado mexicano ha perdido el control territorial y eso tiene que ver en gran medida con la centralización de la seguridad. El nivel de gobierno que tiene la responsabilidad primaria sobre el territorio es el municipio y para ello la fuerza del Estado que debería tener control de lo que pasa en él son las policías municipales. La centralización de presupuestos, decisiones y responsabilidades, primero con la Policía Federal y ahora con la Guardia Nacional va a contrapelo de la evolución del crimen organizado que pasó de una lógica de control de rutas a una de control de territorios. Hoy tenemos policías municipales más débiles o inexistentes y una ausencia absoluta de políticas públicas de fortalecimiento de dichas corporaciones frente a grupos criminales que dominan el terreno rincón por rincón, metro por metro. Centralizar los balazos o los abrazos nos ha llevado a que en la práctica tengamos esa política de “dejar hacer” a la que se refería el ex embajador, porque en gran parte del país, en territorios concretos, el crimen organizado tiene más fuerza que el Estado. El caso Ovidio es sólo un botón de muestra.diego.petersen@informador.com.mx
