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Impunidad legal
Impunidad legal
Cualquier partido político que haya pactado con la delincuencia organizada debe, para comenzar, perder el registro. Cualquier funcionario público que haya aceptado por sí o por interpósita persona este tipo de acuerdos, debe ser procesado. Cualquier persona, empresa o institución social que se haya beneficiado directa o indirectamente de este tipo de actividades debe ser llevada a juicio, a menos claro, que el blindaje laborioso que los Tres Poderes han venido tejiendo desde hace sexenios, los sigan protegiendo con sus laberintos leguleyos y sus infinitas interpretaciones.
El problema capital es una impunidad blindada por las leyes, que pervierte su espíritu y corrompe al poder y a toda la sociedad. En ese tenor se observa que las autoridades fortalezcan las comisiones de búsqueda, pero no se ocupen suficientemente de que ya no siga habiendo desaparecidos; es decir, ni son capaces de encontrarlos, ni de evitar que los siga habiendo.
Otro ejemplo que toda la nación ha contemplado es el modo en que los diputados, aún de partidos que se odian, decidieron no desaforar a uno de sus integrantes, medida táctica y visionaria, pues sin duda deben de haber advertido que si desafueran a uno, a la postre tendrían que desaforarlos a todos, hecho patente que demuestra la urgente necesidad de abolir los fueros, que sólo han servido para garantizar impunidad a los funcionarios que los poseen, pero ya parece que darían este paso que los pondría a todos en tan grave riesgo.
Por eso, cuando escuchamos que se actuará con estricto apego a lo que marca la ley, entendemos de inmediato que no va a pasar nada; es decir, que seguirá pasando de todo.
Sinaloa lleva meses en estado de guerra campal, un sinfín de laboratorios clandestinos productores de enervantes han sido hallados y desmantelados allí, donde anteriormente se afirmaba que no los había, y es la hora en que ni el gobierno estatal ni el federal pueden controlar la situación ¿o no es ese el objetivo?
Y así como el caso Ayotzinapa “se revolvió” lo suficiente para que nunca sepamos qué sucedió, así puede hacerse ahora con el caso Teuchitlán, que no es sino un nombre más bajo el cual se ubica el “caso México”.
Tal vez haya personas interesadas en hacer de Teuchitlán el Ayotzinapa que arruinó el sexenio de Peña Nieto, es posible, y el asunto se enmarcaría dentro del golpeteo partidista o de cualquier grupo de poder interesado en perjudicar a la Presidenta a costa de la Nación, pero igualmente la Presidenta debería advertir que cada vez resultará más difícil tomarse a medias el tema gravísimo de la inseguridad en México. Esto es algo que incluye a todos los gobernadores, pues ellos saben muy bien hasta qué punto los municipios están tomados por los cárteles delincuenciales, y si declaran ignorarlo, todavía peor para ellos.
El reto es que todas las autoridades dejen de tratar a la gente como si fueran menores de edad o discapacitados mentales. Ya no es posible que sigan negando u ocultando las cosas. Serían mucho más creíbles y dignos de respeto si públicamente aceptaran sus límites y denunciaran las presiones a las que están sometidos. Si, lejos de querer aparentar ser los políticos exitosos que no son, tuvieran la capacidad de plantear a la sociedad los problemas que enfrentan y pidieran humildemente el apoyo de todos, en vez de seguir jugando a ser el súper papá de la familia.
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