Durante los recreos escolares de nuestra infancia, el dueño del balón tenía el derecho de decidir arbitrariamente quién jugaba, quién no y cuándo se terminaba el partido; criterio que, por increíble que parezca, hoy día parece estar vigente para definir a aquellos que tienen o no un cargo en el Gobierno del Estado.Mientras el gobernador Enrique Alfaro toma unas merecidas vacaciones a cinco meses de terminar su encargo, los escándalos de su administración no descansan, pues en plena discusión de las reformas al Poder Judicial Federal realizadas por los colegios de abogados y universidades, el temor -tanto de los expositores como de los asistentes- es el mismo: que en el Poder Judicial de la Federación se replique la situación del Poder Judicial del Estado, que en las últimas administraciones se encuentra secuestrado por personas cercanas al mandatario en turno.Lo anterior, de manera mucho más evidente en la actual administración, dado que es manejado a la entera satisfacción por una persona cercana al ingeniero Alfaro, quien a pesar de haber sido denunciado, una y otra vez, por ciudadanos e incluso por jueces, nuestras autoridades no han tomado cartas en el asunto y menos han mostrado intención alguna de hacerlo por evidente que sea su intromisión, pues están más cerca de darle una oficina en el Supremo Tribunal que de hacer una investigación seria al respecto. ¿Serán tan ciegos para no ver lo que todos vemos o sus intereses les sugieren voltear para otro lado? Al buen entendedor, pocas palabras.Por si eso fuera poco, en fechas recientes se ha hecho público un alarmante caso de amenazas, acoso y violencia laboral al interior del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con motivo del actuar delictivo por parte de quien hasta hace poco fuera director jurídico de dicha instancia, Rodrigo Moreno Trujillo, que exigió la renuncia de Vanessa Angulo -quien tenía más de 20 años trabajando en la dependencia-, pues a decir del funcionario, esa plaza estaba comprometida para otra persona.Dicha conducta no fue tolerada al interior del Instituto de Pensiones, motivo por el cual fue destituido de su cargo y se inició una investigación ante la Contraloría del Estado, una de las pocas dependencias que no se encuentran a disposición del gobernador, pues cabe resaltar que su titular no le debe su puesto al aún inquilino de Casa Jalisco.Hasta aquí entenderíamos que la decisión adoptada por las autoridades es lo mínimo que podemos exigir, pues un violentador de esa naturaleza no tiene cabida en una sociedad que ha luchado tanto por generar condiciones laborales dignas para los trabajadores; insisto, el destituirlo constituiría solo el primer paso de un camino que lleve a sancionar conductas tan despreciables, más aún al tratarse de servidores públicos.La sorpresa fue que tan pronto fue destituido como director jurídico de Pensiones, fue nombrado director del Centro de Conciliación Laboral en la Secretaría del Trabajo. Sí, nuestros brillantes gobernantes dieron dos pasos para atrás al considerar prudente nombrar a una persona acusada de violar los derechos laborales de una trabajadora, como jefe del Centro de Conciliación Laboral y a él le corresponderá atender a los trabajadores que argumenten haber sido despedidos injustamente. El mensaje que la población recibe de nuestros actuales gobernantes es claro: el balón de este recreo lo tiene el gobernador. A los amigos delincuentes, justicia y gracia; a las víctimas, la ley a secas, en el mejor de los casos.
