Data Cívica es una organización de la sociedad civil que, desde hace muchos años, ha documentado en sus informes “Votar entre balas” lo que denomina la “violencia política criminal” por la que atraviesa este país y que atiende a homicidios perpetrados contra personas que buscan una candidatura o que trabajan en el ámbito de la política. A unos días de que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial y el proceso electoral en Veracruz y Durango, Data Cívica ha documentado con preocupación que Veracruz se encuentra posicionada como la tercera entidad más violenta para la política en lo que va de 2025, con 18 personas atacadas, de las cuales ocho son aspirantes a candidaturas locales.Esta misma organización documentó que en el año 2024 se registraron 661 casos de violencia política criminal en todo el país, y la hipótesis es que, para este año, la cifra aumente, ya que hasta el mes de abril el registro era de 182 eventos de violencia político criminal en 19 estados del país. El análisis de esta organización nos dice que Jalisco se encuentra en la cuarta posición con más eventos de este tipo junto con Oaxaca, registrando 17 actos perpetrados.Lo que Data Cívica y el sitio de noticias Animal Político hacen es documentar desde el año 2018 lo que definen como violencia política criminal, como una forma de violencia perpetrada contra agentes del Estado y que se ejecuta como una forma de presión de los grupos delincuenciales, pero, sobre todo, como un método de influencias sobre el territorio. Definida de esta manera, Data Cívica dimensiona el hecho real de que, en México, es cada vez más difícil hacer y dedicarse a la política sin enfrentar severos riesgos. Los análisis que han elaborado dejan claro que la democracia enfrenta un peligro silenciador que se va articulando y vertebrando en todos los territorios a través del miedo social, así como el silencio y las complicidades de muchos actores.Además de silenciar a la democracia, la violencia política limita y anula los derechos políticos de las personas que participan en la vida pública y política del país, por lo que hay personas que aseguran que dentro de este tipo de violencia también tendríamos que considerar a las personas activistas, defensoras de derechos humanos, así como a periodistas dada la propia naturaleza de su trabajo desde lo político. De esta manera, la violencia política que se ejerce contra este segmento es muy grave, dado que limita la apropiación del espacio público, el acceso a la justicia y la construcción de la verdad.Diferentes análisis de personas expertas nos dicen que hasta hoy no hay ninguna metodología que nos permita saber si existen interconexiones posibles entre la violencia política que se ejerce contra las personas políticas, activistas, defensoras y periodistas. Hasta hoy, los datos estadísticos muestran que es posible hacer conexiones a partir del diagnóstico de los territorios.La organización Índice de Paz México ha señalado que la violencia política que se vive en el país mina cualquier esfuerzo por construir una política de paz positiva en términos integrales. Ello se recrudece al no existir políticas públicas integrales que atiendan la prevención de las violencias de todo tipo en el país. Esta organización ha señalado que los niveles de violencia política de México son profundamente desproporcionados, dada la importancia que tiene el poder de lo local para los diferentes grupos del crimen organizado, es decir, el poder de los municipios y del control de los territorios. A dicha organización le resulta preocupante el alto grado de polarización política y social, que también se encuentra asociado a prácticas de discriminación, negación de derechos y el llamado backlash de género, como un movimiento profundamente violento en contra de las causas de la igualdad. Todos estos factores afectan considerablemente la posibilidad de construir la paz y la cohesión social que tanto necesitamos.Estos datos no son alentadores y no se ve por dónde es que se pueda construir una solución integral desde una lógica preventiva y apegada a los derechos humanos. Esta grave crisis no se resuelve con la urgente necesidad injerencista del gobierno norteamericano por querer “ayudarnos”, debe resolverse desde adentro de las instituciones nacionales con una apuesta de largo plazo capaz de dejar atrás los protagonismos y los excesos de poder.
